Consulta de Jurisprudencia

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta por Laura Gallardo contra la Caja de Previsión Social de la Provincia, declarando la nulidad absoluta de la Disposición N° 416/2023 que denegaba el beneficio de pensión derivada por el fallecimiento de su cónyuge. El Tribunal consideró acreditado que la separación de hecho fue consecuencia de violencia doméstica, eximiendo a la actora de culpa y reconociendo su derecho a la pensión desde la fecha de fallecimiento del causante, con intereses. La sentencia se dictó con perspectiva de género y en base a normativa nacional e internacional de derechos humanos.

La Corte Suprema resolvió una acción declarativa iniciada por O&G contra la Provincia de Salta, que le reclamaba U$S 11,29 millones en concepto de regalías por gas natural, gasolina y GLP (2004-2010). La empresa cuestionó la resolución provincial 4/2011 por considerarla inconstitucional e ilegal, alegando que: - Dedujo gas usado para generación eléctrica y mantenimiento de planta, conforme art. 63 Ley 17.319 y Res. 188/93. - No corresponde pagar regalías por gasolina y GLP obtenidos por Refinor S.A., tercero que procesa el gas vendido. - La provincia sostuvo que las deducciones eran improcedentes y que debía tributar por todos los componentes del gas. La Corte en su decisorio hizo lugar a la demanda, declarando inválidas las resoluciones provinciales. Fundamentó que: - El gas usado en necesidades de explotación (energía, acondicionamiento) puede deducirse. - Las regalías se calculan sobre la producción propia, medida a la salida de separadores primarios, no sobre derivados obtenidos por terceros. - La interpretación provincial contradice la Ley 17.319, su decreto reglamentario y la Res. 188/93.

El actor promovió una medida autosatisfactiva contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) solicitando el cese inmediato del descuento extraordinario (cód. 503) sobre su haber jubilatorio, correspondiente a la integración optativa de aportes y contribuciones prevista en el art. 13 de la Ley 1456 (modificado por el art. 3 de la Ley 1458). El Tribunal hace lugar a la medida autosatisfactiva ordenando a la CPSPTF cesar con el descuento de aportes y contribuciones sobre el haber del actor y devolver las sumas descontadas desde el 22/11/2024, con intereses conforme la tasa del Banco de Tierra del Fuego.

La Sala "I" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de la Inspección General de Justicia por la cual se le impuso a la Asociación Civil Universidad del Salvador un apercibimiento con la obligación de publicar la decisión en un diario de circulación masiva, por diversos incumplimientos y objeciones en torno a los estados contables cerrados el 31 de marzo de 2017 y de 2018, por la falta de explicación adecuada respecto de operaciones registradas con fundaciones y por encontrarse pendiente la inscripción de autoridades desde la vista conferida el 9 de junio de 2016. Recurrida la sentencia, la Corte la revocó. Para decidir de este modo sostuvo que la resolución cuestionada por la actora no conto con el dictamen del servicio jurídico permanente del organismo demandado previsto en el artículo 7°, inciso d. de la Ley 19.549. Añadió que el requisito del dictamen del servicio jurídico permanente contemplado en el artículo 7°, inciso d, de la ley 19.549, en palabras de la corte, hace a la juridicidad de la actuación administrativa y debe ser cumplido antes de que la Administración exprese su voluntad (fallos: 301:953 "Duperial"). Por consiguiente, concluyó el Tribunal, el gravamen causado por el vicio en el requisito esencial de procedimiento alegado por la actora al recurrir la resolución administrativa y mantenido en el recurso extraordinario., no perdió virtualidad a los efectos de resolver si la resolución sancionatoria resulta invalida.

La Sra. María Clara López Ríos inicia demanda contencioso-administrativa contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego donde pretende que se declaren la nulidadad e inconstitucionalidad de la Resolución TCP-VL Nº 12/22 y de la Resolución Plenaria Nº 320/2022, a la cual posteriormente adhiere a la misma el Sr. Carlos Alberto López. El Superior Tribunal de Justicia termina resolviendo el rechazo íntegro de la demanda deducida por los actores y regula los honorarios de los letrados intervinientes.

Contencioso Administrativo - Demandado - Liquidación - Art. 20 - Art. 23 - Ley Provincial 1384 - Regulación de Honorarios - Honorarios del Abogado - Remisión del Expediente

La cámara declaró mal concedido el recurso de casación elaborado por la defensa oficial, por considerar que la sentencia impuesta al condenado había quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada cuando la anterior defensa omitió impugnar la denegatoria del primer recurso de casación interpuesto. Para así decidir, soslayó ponderar que el tribunal oral había prescindido de notificar personalmente al condenado -quien se encontraba privado de libertad- de la sentencia que podía acarrear la firmeza de su condena. La Corte, por mayoría, dejó sin efecto este pronunciamiento. Consideró que las razones esgrimidas por el tribunal no permitían suponer que el encausado efectivamente hubiera conocido en forma oportuna el rechazo al recurso de casación interpuesto por la defensa particular y hubiera decidido no impugnar y que cuando fue finalmente notificado en forma personal -en su lugar de detención-, expresó in pauperis una voluntad impugnativa, cuya fundamentación técnica no fue adecuadamente procurada por el tribunal interviniente. El Tribunal recordó su doctrina en el sentido que lo que debe tenerse en cuenta a fin de computar el plazo para impugnar es la notificación personal al encausado de la decisión que acarrea la firmeza de la condena, dado que la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento judicial a través de los recursos procesales constituye una facultad propia del imputado y no una potestad técnica del defensor. En ese sentido, destacó que los jueces tienen el deber de conformar sus decisiones a las de la Corte Suprema y que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de sus precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos.

Cuestión de Competencia - Tolhuin - Juez - Primera Instancia - Denuncia Penal - Recusación por Denuncia o Acusación - Fiscal del Superior Tribunal Provincial - Lanzamiento - Municipalidad - Intendente - Prueba Documental - Reserva de la Cuestión Federal - Excusación - Aceptación - Autoridad Competente - Secretaría de Demandas Originarias

Los actores, personal retirado y pensionistas del Servicio Penitenciario Federal, interpusieron demanda contra el Estado Nacional, a fin de que se lo condene a liquidar los haberes de retiro o pensión con el porcentaje que establece el artículo 10 de la Ley 13.018 de Retiros y Pensiones del Servicio Penitenciario Federal y no con el 82% tal como actualmente lo hace, y abone las retroactividades adeudadas.

Desestima el planteo de inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley provincial Nº 1071. Rechaza la demanda de una beneficiaria de jubilación ordinaria que pretende que los aportes a la obra social estatal sean derivados a OSDE, como lo hacía en la faz activa de su ejercicio laboral