Consulta de Jurisprudencia

Se discute si al cargo de Jefe de Policía le resulta aplicable la limitación dispuesta mediante los Decretos provinciales Nº 3705/17 y 226/21. Se aplica el criterio dispuesto en "Berrone, Raúl Horacio CPSPTF s/ contencioso administrativo" (expediente 4089/2019, de la Secretaría de demandas originarias, sentencia del 20 de agosto de 2021). Se hace lugar parcialmente a la demanda y se declara la inaplicabilidad de los Decretos provinciales Nº 3705/17, 638/20, 1322/20, 1419/20, 1695/20 y 226/21 —de autolimitación temporal y parcial en la percepción— en la liquidación de haberes de pasividad del accionante y se ordena a la Caja a liquidar las diferencias salariales que surjan con base a los parámetros de las Leyes provinciales Nº 855 y 1333 y los Decretos provinciales Nº 1777/12 y 652/22, a partir de su entrada en vigencia, adicionando interés.

Una cooperativa promovió amparo a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 116 del Código Tributario del Chaco y la nulidad de las resoluciones administrativas por las que se había determinado una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad sin fines de lucro desarrollada. El planteo fue rechazado en las instancias provinciales. La Corte revocó el pronunciamiento. Sostuvo en primer lugar que la decisión volvía inoperante la solución normativa prevista en la ley de coparticipación federal de impuestos vigente y que iba en desmedro del propósito de homogeneidad normativa perseguido por la ley mencionada. Finalmente, afirmó que interpretación de la sentencia recurrida que permitía gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos a toda otra actividad habitual onerosa, aunque sea realizada sin propósito de lucro, tornaba superflua y carente de toda operatividad a la expresión “con fines de lucro” empleada por el artículo 9°, inciso b), punto. I, de la ley 23.548.

El STJ resuelve que cuando el TCP actúa en sede judicial, se aplica el plazo de prescripción del Código Civil previsto para los casos de Responsabilidad Contractual (10 años).

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió, por mayoría, rechazar la demanda de Jorge Palavecino contra la Municipalidad de Río Grande, en la que reclamaba el pago de 1.136 horas/máquina por trabajos realizados sin contrato formal. El Tribunal sostuvo que no se acreditó la efectiva prestación de los servicios reclamados ni la existencia de un contrato administrativo válido, dado que no se cumplieron las formalidades exigidas por la Ley Territorial N° 6 y su decreto reglamentario (procedimiento de selección, registro presupuestario, acto de adjudicación, contrato escrito y orden de compra). Además, descartó la alegada novación por falta de prueba y la aplicación del enriquecimiento sin causa, ya que no fue planteada como pretensión subsidiaria en la demanda, lo que vulneraría el principio de congruencia procesal.

Determinar la competencia para una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno provincial, vinculada a un contrato de guarda y custodia de documentación. Antecedentes: La actora reclama pago por servicios prestados tras la finalización del contrato y su prórroga, invocando derecho de retención (art. 2587 CCC). El juez civil se declaró incompetente; el Fiscal opinó que debía intervenir el TSJ. Decisión: Mayoría (Sagastume, Löffler, Cristiano): El reclamo se funda en derecho común, no en normas administrativas → competencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 1. Disidencia (Muchnik): El caso exige analizar la contratación administrativa → competencia originaria del TSJ. Resolución: Por mayoría, se declara competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 1.

Hace lugar a la demanda. Declara la inaplicabilidad de normas y ordena nueva liquidación de haberes conforme parámetros legales con intereses.

Admite el recurso extraordinario de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de cámara que acotó el tratamiento pretendido (concedido en primera instancia). Reitera que la continuidad y condiciones de las prestaciones se sujetan a las prescripciones del médico tratante

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza sancionada por la Municipalidad de Santa Rosa por medio de la cual se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar aperturas de cuentas corrientes o cajas de ahorro en cualquier entidad financiera regida por la ley 21.526. La municipalidad demandada interpuso un recurso extraordinario y la Corte, por mayoría, confirmó la sentencia apelada. Consideró que la norma que instituye al banco de la provincia como agente financiero del Estado provincial, los municipios, las comisiones de fomento y los demás organismos enumerados, de manera alguna importa un avasallamiento de la autonomía municipal, toda vez que se trata del ejercicio de una atribución conferida por la Constitución provincial que incide en la organización de los gobiernos municipales y se vincula al carácter de garante que tiene la provincia con respecto a todo tipo de operaciones financieras pasivas que realice dicho banco. Agregó que la ordenanza impugnada resulta incompatible con el ordenamiento jurídico pues si bien la consagración de la autonomía municipal implica el reconocimiento de ciertas potestades normativas, su ejercicio no puede desconocer el reparto de competencias formulado por los constituyentes, máxime cuando la provincia reguló de modo razonable el régimen bancario oficial.

1º instancia - Hace lugar a la Acción de Amparo por cuestiones de salud (Ley provincial Nº 1496) por una prestación no incluida en el PMO - Condena a OSEF a la cobertura exigida por el galeno tratante y al PEP en carácter subsidiario y en la medida que OSEF no cumpla - Reflexiona sobre la postura de la obra social para con sus afiliados y que "suele perderse de vista que detrás de cada resolución existen personas" (Considerando 11).

Rechaza la demanda al entender que la aplicación retroactiva del nuevo régimen de movilidad jubilatoria no afecta los derechos adquiridos de la actora, en su situación de jubilada; ya que el derecho adquirido es a la situación de jubilado y no a un haber estático. El legislador tiene amplias facultades para cambiar el sistema de movilidad en tanto no sea desproporcionado y no sea confiscatorio. El principio de movilidad busca mantener una proporción entre los haberes. Descarta el reclamo por retroactivos sin intereses debido a la falta de reclamo oportuno.