Consulta de Jurisprudencia

Expresiones vertidas por un director de un instituto provincial de seguridad en torno al pedido de juicio político que formulara respecto del Fiscal de Estado- Manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor que se refieren al desempeño de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública- Cuestión de relevancia o interés público- Deber de tolerancia de quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su actuación pública en tanto no contengan epítetos denigrantes, insultos o locuciones injuriantes- Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda- Disidencias de los jueces Maqueda y Lorenzetti: No puede exigirse a los magistrados y funcionarios que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin poder reclamar la reparación del daño- El ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico no constituye una muestra de debilidad ni denuncia una falta de espíritu republicano- No resulta determinante para evaluar si se excede el derecho a la crítica la presencia de una mala intención o de motivos disvaliosos sino el empleo de voces o locuciones claramente denigrantes

Derecho Penal - Peculado - Recurso de Casación - Sentencia Absolutoria - Rechazo - Demanda Civil - Inexistencia - Perjuicio Fiscal - Prueba Insuficiente - Imposición de Costas - Tribunal de Cuentas - Litisconsorcio - Regulación de Honorarios - Límites - Conducta Temeraria - Actor Civil - Casación Parcial - Remisión del Expediente

En este fallo de agosto de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió que la empresa Medio Ambiente S.A. había sido excluida indebidamente de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Río Grande, en contravención de los principios de igualdad de trato y libre concurrencia; en consecuencia, la demanda prosperó parcialmente: se anularon ciertos actos administrativos impugnados y se ordenó que la Municipalidad restituyera a la empresa las sumas pagadas por la adquisición del pliego, el derecho de impugnar ofertas y una cantidad por gastos de participación (admitidos hasta $50.000), más los intereses correspondientes, aunque desestimó la reclamación por lucro cesante o pérdida de chance

Contencioso Administrativo - Expresión de Agravios - Autocontradicción - Arbitrariedad de Sentencia - Cuestión no Federal - Acreditación - Infracciones en el Desempeño del Cargo - Demandante - Inadmisibilidad del Recurso - Costas al Vencido

Rechaza la excepción, pues la fecha de la reclamación administrativa no configura un valladar para la habilitación formal de la demanda, que pueda sostenerse con éxito en el molde de la excepción tratada. El tiempo del reclamo se torna dirimente para fundar la defensa previa de inadmisibilidad de la instancia cuando ésta se motiva en la impugnación de un acto confirmatorio de otro anterior consentido, situación que no se verifica en esta litis (ver: “Ferreyra, Graciela Beatriz c/ CPSPTF si Contencioso Administrativo” expte. N° 3661/18, resolución del 13/12/2018).

Contencioso Administrativo - Gobierno Provincial - Cobro de Pesos - Licitación Pública - Contratos Administrativos - Contrato de Suministros - Ejecución del Contrato - Incumplimiento del Contrato - Buena fe contractual - Letras de Tesorería - Suspensión del Plazo - Vicios del Acto Administrativo - Admisión de la Demanda - Nulidad del Acto Administrativo

Recurso de Casación - Tribunal Colegiado - Voto de Adhesión - Acción Resarcitoria - Tribunal de Cuentas - Legitimación Activa - Funcionario Público - Fondo Residual Ley 478 - Bienes del Estado - Deberes del Funcionario Público - Incumplimiento - Convenio - Pérdida de la Chance - Admisibilidad Parcial

Prescripción de la acción penal. Alcance del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal. Plazo razonable de la respuesta estatal ante la posible comisión de un delito. Pérdida del interés del Estado de perseguir procesal y penalmente a una persona por el transcurso del tiempo. En el caso, se declara extinguida por prescripción la acción penal y se sobresee a la enjuiciada.

A partir de los extremos reseñados, con el examen del escrito de inicio y documental anexa se advierte que el "sub lite" corresponde, en efecto, al conocimiento originario del Superior Tribunal. Véase que involucra la celebración de una contratación en la cual ha intervenido el -otrora- Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social -hoy sucedido en la materia por la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego-; el convenio está sujeto al marco de la Ley Nº 1015 -Régimen general de contrataciones para el sector público provincial- y presenta un objeto público -atención médica a los afiliados de la obra social obligatoria para los dependientes provinciales-.

Recurso Extraordinario Federal - Incumplimiento de los Requisitos - Inadmisibilidad del Recurso