FORMULA RECOMENDACIONES AL DTOR DE LA OPC EN MATERIA DE CONTRATACIONES REF RECONOCIMIENTO GASTO SEINCO SA

En este fallo de agosto de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió que la empresa Medio Ambiente S.A. había sido excluida indebidamente de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Río Grande, en contravención de los principios de igualdad de trato y libre concurrencia; en consecuencia, la demanda prosperó parcialmente: se anularon ciertos actos administrativos impugnados y se ordenó que la Municipalidad restituyera a la empresa las sumas pagadas por la adquisición del pliego, el derecho de impugnar ofertas y una cantidad por gastos de participación (admitidos hasta $50.000), más los intereses correspondientes, aunque desestimó la reclamación por lucro cesante o pérdida de chance

"(...) particularmente, no puede ignorarse que el ámbito de aplicación de aquella legislación alcanza al Hospital Regional Ushuaia, pues comprende a todo el Sector Público no Financiero integrado, entre otras jurisdicciones, por el poder Ejecutivo provincial (cfr. art 1°), Y resulta extensiva a todos los contratos no excluidos expresamente (cfr. arto 5) (...) Tampoco modifica la conclusión anterior el hecho de que la Ley N° 1015 no hubiera sido reglamentada, máxime teniendo presente la ultractividad que transitoriamente se otorga al Decreto N° 674/11, reglamentario de la anterior norma de contrataciones, hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente -cfr. art. 72-.

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El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió declarar su competencia originaria para intervenir en la demanda promovida por el Centro de Imágenes del Sur S.A. contra la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF), mediante la cual la actora solicita la revocación del Decreto Nº 1160/17, la nulidad de un anexo contractual vinculado a la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes y el cobro de una suma indemnizatoria. El Tribunal consideró que la controversia tiene naturaleza administrativa porque deriva de un contrato celebrado con un ente público provincial, sujeto al régimen de contrataciones públicas (Ley prov. N° 1015) y relacionado con la prestación de servicios de salud para afiliados de la obra social estatal. En consecuencia, admitió formalmente la demanda, intimó a la actora al pago de la tasa de justicia y demás cargas procesales, y ordenó a la OSPTF remitir los antecedentes administrativos vinculados al caso para continuar con la tramitación del proceso.

SE COMPARTE EL ANÁLISIS JURÍDICO DEL PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 1015 EFECTUADO A TRAVÉS DEL IL N° 74/2016 Letra: TCP-SL.

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