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Oficina Nacional De Contrataciones
Aplicación del Dictamen ONC N.º 1005/2012 al Inciso c del Artículo 18 de la Ley Provincial N.º 1015 El Dictamen ONC N.º 1005/2012 guarda una relación directa y precisa con el inciso c del artículo 18 de la Ley Provincial N.º 1015, al establecer criterios doctrinales y procedimentales para la contratación directa por exclusividad. Esta modalidad, de carácter excepcional, exige condiciones estrictas que deben cumplirse de manera rigurosa y documentada. El dictamen no sólo interpreta el alcance del inciso, sino que lo operacionaliza, otorgando parámetros técnicos que aseguran su correcta aplicación. Exclusividad del proveedor: El inciso c del artículo 18 de la Ley provincial N.º 1015 permite la contratación directa cuando se trate de bienes o servicios cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes detenten privilegios legales sobre ellos. El dictamen ONC N.º 1005/2012 aclara que esta exclusividad debe acreditarse mediante documentación fehaciente, como contratos de distribución exclusiva, certificaciones oficiales o normativa específica. Así, el dictamen establece que no basta con una afirmación de exclusividad: es necesario demostrarla objetivamente. La exclusividad, según esta interpretación, no puede basarse en preferencias administrativas ni argumentos genéricos, sino en una situación jurídica concreta y comprobable. Inexistencia de sustitutos convenientes: El mismo inciso también exige que no existan sustitutos convenientes. El dictamen exige que esta condición sea probada mediante un informe técnico elaborado por el área competente, que descarte alternativas disponibles en el mercado. Asimismo, advierte que la marca, por sí sola, no constituye un criterio válido de exclusividad, salvo que exista una justificación técnica fundada que explique la imposibilidad de sustituirla. En este punto, el dictamen introduce un estándar técnico-documental que evita la arbitrariedad y exige un análisis del mercado respaldado con evidencia objetiva. Compatibilidad técnica o tecnológica: Aunque el dictamen ONC N.º 1005/2012 no desarrolla en profundidad el concepto de compatibilidad técnica o tecnológica, reconoce que la exclusividad puede fundarse en razones técnicas objetivas. En particular, menciona casos como software, repuestos o sistemas ya implementados en la administración pública que requieran continuidad o integración. Esta interpretación se ajusta al supuesto previsto en la ley, aunque el dictamen lo aborda de manera indirecta. Su aplicación por analogía ha sido retomada en otros dictámenes posteriores, consolidando una línea interpretativa coherente. Fundamentación técnica de la autoridad competente: El inciso c del artículo 18 de la Ley 1015 exige que la excepción esté debidamente fundada en informes técnicos que acrediten la existencia de los supuestos habilitantes. El dictamen ONC N.º 1005/2012 insiste en la necesidad de que dicha fundamentación sea objetiva, exhaustiva y respaldada por documentación con valor probatorio. Los informes no deben limitarse a afirmaciones generales, sino contener un análisis técnico verificable que justifique la elección del procedimiento excepcional. En este sentido, el dictamen refuerza la exigencia legal de motivación fundada, en línea con los principios de objetividad y transparencia.
Tribunal De Cuentas
La RES PL 109/26 verificó un incumplimiento sustancial derivado del reconocimiento de gastos a favor de la firma Araucaria S.A. mediante la figura del legítimo abono, sin haberse tramitado previamente un procedimiento de selección del proveedor, configurándose un apartamiento del régimen general de contrataciones públicas. El Tribunal de Cuentas concluyó que dicha omisión vulneró los artículos 7 y 14 de la Ley Provincial N.º 1015, al haberse prescindido de los procedimientos legalmente establecidos para la contratación estatal y de los principios de juridicidad, igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad que deben regir la selección de contratistas, por lo que formuló recomendaciones a los funcionarios intervinientes para adecuar en lo sucesivo su actuación a la normativa vigente. A su vez mencionó, sin perjuicio de no resultar aplicable al caso, la vigencia de la Res. CGP N° 182/2025 cuyo objeto es fortalecer los procedimientos de compras y contrataciones.
Normativa Nacional Relacionada
Art. 8: Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por: a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.
La Dirección General De Compras y Contrataciones De CABA
Principios de igualdad, economía y eficiencia en la contratación de bienes y servicios en el Sector Pública de la CABA.
“LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y LA EJECUCION DE CONTRATOS EN LA ARGENTINA”, GALLI BASUALDO, Martín, RDA 2017-111, 479, LA LEY AR/DOC/3672/2017
Doctrina
Desarrolla el estándar de “buena administración” como un principio general (eficiencia-eficacia), que impone a la Administración pública la obligación de adoptar decisiones orientadas a resultados y basadas en medios racionalmente adecuados. “¿Una tesis "sustancialista" del contrato administrativo?”, González-Varas Ibáñez, Santiago - Varas Ibáñez, Santiago, TR LALEY 0027/00000. Procedimientos y criterios de adjudicación orientados a la obtención de la mejor relación calidad-precio, como expresión de eficiencia. “La importancia del elemento forma en el contrato administrativo. Consecuencias de su omisión en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Canda, Fabián O. En “Cuestiones de contratos administrativos. Jornadas organizadas por la Universidad Austral”, Facultad de Derecho (págs. 35-52). Buenos Aires: RAP. La tesis central del documento es que los contratos administrativos deben evaluarse no solo formalmente, sino por su aptitud para alcanzar los fines públicos. Se resalta que el cumplimiento efectivo de esos fines debe ser el criterio rector. “La teoría general del contrato administrativo a través de la jurisprudencia de la CSJN”. Coviello, P., en “La contratación pública” de J. C. Cassagne, (págs. 89-135). Buenos Aires: Hammurabi. La caracterización de prerrogativas exorbitantes y su control se vincula con la eficacia institucional de los fines públicos.
Tribunal De Cuentas
La Resolución Plenaria N.º 129/2022 del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego analiza la contratación directa por compulsa abreviada de un equipo médico para la terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional Ushuaia, detectando un incumplimiento sustancial a la normativa vigente (Resoluciones O.P.C. N.º 17/2021 y 58/2021 y Ley Provincial N.º 1015, art. 27) por falta de acreditación de invitación a tres proveedores y deficiencias en el uso del correo electrónico como medio válido. Si bien no se presume perjuicio fiscal, se advierte un apartamiento grave del procedimiento y se formulan recomendaciones: (i) al Ministerio de Salud para garantizar el estricto cumplimiento normativo en futuras contrataciones, y (ii) a la Oficina Provincial de Contrataciones para reglamentar el uso del domicilio electrónico. El acto se dicta con fundamento en la Ley Provincial N.º 50 y la Resolución Plenaria N.º 122/2018, priorizando el interés público en la continuidad del servicio esencial de salud.
Asunto N° 134 - Período Legislativo: 2026 - Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial (Mensaje N° 15/26 de fecha 25 de marzo de 2026) modificando la Ley Provincial N° 1015 (artículos 15, 16, 17, 18, 20 y 34).
Tribunal De Cuentas
La Resolución Plenaria N.º 093/2026 observó que el Ministerio de Educación procedió al reconocimiento y pago de servicios prestados por la Fundación Sadosky sin haber tramitado previamente el procedimiento de contratación correspondiente, recurriendo a la figura del legítimo abono como mecanismo de regularización posterior. Tal actuación resulta incompatible con el artículo 14 de la Ley Provincial N.º 1015, que exige que toda contratación estatal se formalice a través de los procedimientos legalmente previstos, afectando además los principios de legalidad, transparencia e igualdad que rigen la actividad contractual de la Administración, motivo por el cual el Tribunal de Cuentas, habiéndose cumplimentado las pautas temporales previstas en el art. 75 y 51 de la Ley prov. N° 50, formuló recomendaciones al Mtro de Educación para adecuar las futuras actuaciones al régimen vigente.
En este fallo de agosto de 2019, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió que la empresa Medio Ambiente S.A. había sido excluida indebidamente de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Río Grande, en contravención de los principios de igualdad de trato y libre concurrencia; en consecuencia, la demanda prosperó parcialmente: se anularon ciertos actos administrativos impugnados y se ordenó que la Municipalidad restituyera a la empresa las sumas pagadas por la adquisición del pliego, el derecho de impugnar ofertas y una cantidad por gastos de participación (admitidos hasta $50.000), más los intereses correspondientes, aunque desestimó la reclamación por lucro cesante o pérdida de chance
Tribunal De Cuentas
La Resolución Plenaria Nº 223/2023 del Tribunal de Cuentas analizó el reconocimiento de gasto por servicios de provisión de agua potable mediante camión cisterna en la ciudad de Ushuaia y concluyó que existió un incumplimiento sustancial al artículo 14 de la Ley Provincial Nº 1015, por falta de procedimiento de selección del proveedor. Aunque se acreditó la efectiva prestación del servicio y se descartó perjuicio fiscal, el Tribunal enfatizó que el pago basado en la figura del enriquecimiento sin causa no subsana la irregularidad ni exime de responsabilidad a los funcionarios intervinientes. En consecuencia, recomendó a la Ministra de Obras y Servicios Públicos extremar recaudos en futuras contrataciones, garantizando el respeto estricto a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que rigen en materia de contrataciones públicas.
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