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Dictámenes De La Procuración Del Tesoro De La Nación
Cuando a una situación puedan resultarle aplicables los principios del enriquecimiento sin causa, debe tenerse presente que en este marco el crédito del empobrecido no puede exceder de su empobrecimiento ni tampoco del enriquecimiento de la demandada, estando por tanto sometido siempre al limite menor
Dictámenes De La Procuración Del Tesoro De La Nación
La Procuración del Tesoro de la Nación rechazó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por Martina Constantini en su condición de Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Decorativo, toda vez que si bien por Resolución del ex-Ministerio de Cultura N° 300/1991 se concedió a dicha Asociación el uso del pabellón de acceso al edifico principal del Museo Naconal de Arte Decorativo y se autorízó su explotación económica por sí o por otro, lo cierto es que el derecho de uso conferido reviste carácter debilitado, precario y por ende revocable, sin derecho a indemnización alguna y su existencia se halla siempre, por tal carácter, supeditada a su compatibilidad con el interés público, según la valoración que efectúe en cualquier oportunidad la Administración. En ese caso, por hallarse vencida la facultad que la concesion original le otorgó a la Asociación aludida, de conceder el uso de un espacio del museo para su explotación comercial, no existe contrato de concesión entre dicha Asociación y la firma Croque Madame SRL y tampoco se encuentra aquélla facultada para celebrar una nueva concesión. Por ende, cualquier actuación que exceda las atribuciones conferidas es inoponible a la Administración, por lo que corresponde validar la legalidad de la Resolución N.º 1597/17 del ex Ministerio de Cultura, que denegó la aprobación del contrato, considerándose agotada la instancia administrativa.
Artículo del Dr. Guido Julián Dubinski titulado "Las facultades sancionatorias de la administración pública en los contratos administrativos", publicado en el libro "Estudios de Derecho Público", por la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. UBA. 2013.
El Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado Nacional establece el marco jurídico y procedimental para la administración, uso, conservación, clasificación, transferencia, disposición y baja de todos los bienes muebles y semovientes bajo la órbita del Poder Ejecutivo, definiendo conceptos, obligaciones y responsabilidades de las jurisdicciones; regulando las distintas formas de traslado, cesión gratuita, venta, permisos de uso y transferencias; fijando criterios para la declaración de bienes en afectación específica, desuso o rezago; y creando un régimen de registración obligatoria mediante el Inventario Nacional de Bienes Muebles y Semovientes (IByS) a través del sistema SIENA, garantizando así la trazabilidad, transparencia y resguardo del patrimonio estatal conforme la normativa financiera, civil y administrativa vigente.
CAPÍTULO VII CONCESIÓN DE USO DE LOS BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO NACIONAL. ARTÍCULO 89.- CARACTERES. Se regirán por las disposiciones de este Título los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes muebles pertenecientes al dominio público o privado del ESTADO NACIONAL, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los bienes puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que establezcan los pliegos de bases y condiciones particulares. La concesión de uso de los bienes inmuebles del dominio público y privado del ESTADO NACIONAL será centralizada por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Anexo I - Capítulo V - "De la gestión de los bienes del Estado Provincial" Arts. 47, 48 y 51.
Resoluciones OPC Provincial y/o De La Contaduría General
La Resolución de la Contaduría General de la Provincia deja sin efecto (Fondos Permanentes - Caja Chica - Fondos de Afectación Específica) las anteriores Resoluciones CGP N° 269/22, N° 221/2023 y N° 205/2024 y aprueba el procedimiento de Recepción y Conformidad de Facturas de Bienes y/o Servicios Adquiridos, de tracto sucesivo y ejecución continua cuyos montos mensuales sean idénticos y predeterminados (Anexo I) y clarifica los sujetos - agentes y funcionarios - responsables obligados a rubricar las órdenes de pago (Anexo II).
"DERECHO ADMINISTRATIVO". DROMI, Roberto. EDITORIAL CIUDAD ARGENTINA. 1998. CAPÍTULO X. PUNTO V. CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO. PÁGS. 472-474
Doctrina
Sumario del fallo: Un contrato de obra pública cuenta con acta de recepción provisoria, pero subsisten efectos jurídicos pendientes de cumplimiento (saldo de certificado de obra impago, fondo de reparos no devuelto, recepción definitiva no producida) al momento de resolverse una acción de nulidad vinculada a ese contrato. Regla resultante: No se torna abstracta la acción judicial de nulidad de un acto administrativo de adjudicación de obra pública cuando el contrato derivado de él continúa produciendo efectos jurídicos pendientes de cumplimiento, aun cuando la obra cuente con recepción provisoria; la abstracción solo opera cuando el objeto del acto se encuentra íntegramente agotado. El decreto que declara lesivo a los intereses públicos un acto administrativo de adjudicación de obra pública, fundado en la ilegitimidad de una cláusula contractual, incurre en vicio en la causa y en la motivación —y es, por ello, nulo de nulidad absoluta— cuando se dicta sin resolver el reclamo administrativo pendiente relativo a esa cláusula y sin considerar que ella nunca fue efectivamente aplicada en la ejecución del contrato; ese vicio determina el rechazo de la acción judicial de lesividad promovida en su mérito.
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