Consulta de Jurisprudencia

Sanciones Administrativas - Organismos del Estado - Funcionario Público - Ejercicio Profesional - Art. 7 - Tribunal de Cuentas - Competencia Administrativa - Cuestión de Fondo - Ley 50 - Art. 4 - Responsabilidad del Funcionario Público - Rechazo de la Demanda - Violación de la Ley o Doctrina Legal - Ac. STJ 3/10

El Sr. Guillermo Bonaparte, promueve demanda contencioso-administrativa contra el Tribunal de Cuentas provincial, solicitando se declare la nulidad de la Resolución Plenaria Nº 73/09 que ratificó la sanción de multa impuesta mediante Resolución Plenaria Nº 19/09 y fue cuantificada por Resolución Plenaria Nº 33/09. Indica que en tal carácter dictó la Resolución DPP Nº1398/08 autorizando un gasto por la adquisición de indumentaria para tres agentes ingresados a planta permanente del organismo y adjudicando a diferentes firmas los distintos elementos cotizados. Peticiona, asimismo, que se condene a la demandada a la devolución de la suma dineraria abonada por tal concepto con más sus intereses. Se resuelve no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa articulada por el Sr. Bonaparte contra las Resoluciones anteriormente mencionadas.

El Sr. Roberto M. Murcia, interpone recurso de apelación contra la Resolución TCP-VL Nº 68/09 dictada por el TCP. Cuestiona que el TCP desista en el juicio administrativo de responsabilidad, la prueba de informe requerida a la DPP. Se resuelve admitir parcialmente el recurso de apelación declarando la nulidad de los arts. 3º y 4º de la Resolución TCP-VL Nº 68/09 y reduciendo el cargo formulado en el art. 3º. La sentencia reafirma la responsabilidad administrativa endilgada al apelante en el marco del juicio de responsabilidad llevado adelante por el TCP por obrar de manera negligente con desapego a la diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones. No obstante, admite que el acto administrativo cuestionado adolece de una parcial desviación de la causa (art. 99 inc. b de la Ley 141), que tiñe de arbitrariedad el aspecto cuantitativo resultando desproporcionada respecto a las consecuencias dañosas, determinando un agravamiento ilegítimo, por ello resuelven reducir la condena respecto del cargo patrimonial excluyendo del mismo los honorarios judiciales y costas por considerarlos consecuencias mediatas e imprevisibles para el accionante.

Régimen de Reciprocidad Jubilatoria. Evolución en la Provincia.

Medida Cautelar - Requisitos Formales - Procedencia - Fundamentación Suficiente - Asociaciones Civiles - Poder Ejecutivo Provincial - Naturaleza Jurídica - Contracautela - Contratos Administrativos - Caución Juratoria - Sustanciación de la Medida Cautelar - Suspensión del Acto Administrativo - Convalidación de la Medida Cautelar

Etapas del Proceso - Excepciones Procesales - Art. 35 - Ley 133 - Rechazo

Transformación de la Demanda - Cambio de la Demanda - Art. 350 - CPCCLRyM - Rechazo

Desviación de Poder - Competencia - Pluralidad de Delitos - Contratación de Servicios por Tiempo Indeterminado

Recurso de Casación - Contencioso Administrativo - Empleo Público - Liquidación - Hecho Administrativo - Prescripción

Remisión del Expediente - Administración Pública - Tribunal de Cuentas - Planteo Extemporáneo