Art. 11. - FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia así lo hicieren necesario: a) La convocatoria y la elección del procedimiento de selección. b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado. d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple. e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes. f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación g) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento. h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación. i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

Aprueba el “Procedimiento de excepción aplicable para el reconocimiento de gasto por el régimen de legítimo abono”

Anexo I - Título I - "CAPITULO II NORMATIVA APLICABLE ARTÍCULO 4.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos yextinción por laOrdenanza Municipal N°3693, por el presente reglamento y por las disposiciones que sedicten en suconsecuencia, por los pliegosde bases ycondiciones, por elcontrato, convenio, orden de compra oventa según corresponda. Supletoriamente seaplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en sudefecto, se aplicarán lasnormas de derecho privado por analogía".

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió hacer lugar a la demanda de Centro Industrial Fueguino S.A., declarando inaplicable la caducidad automática de la concesión del coto de pesca “Estancia María Luisa” prevista en el Decreto Provincial Nº 2180/09. El fallo reconoció que la concesión, otorgada en 1994 bajo la Ley Nº 126, no tenía plazo de duración y que constituye un derecho subjetivo protegido constitucionalmente, por lo que no puede ser extinguida arbitrariamente por vía reglamentaria.

USO ESPECIAL DE LOS INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL POR TERCEROS. PERMISOS DE USO GRATUITO Y ONEROSO (ARTS. 35, SIGUIENTES Y CONCORDANTES).

ARTÍCULO 15°. OFERENTES Podrán ser OFERENTES tanto las personas humanas como jurídicas. Las personas jurídicas solo serán admitidas cuando estén constituidas legalmente en la República Argentina. En caso de un OFERENTE constituido por más de un miembro, deberán unificar personería con anterioridad a la presentación de la OFERTA. Podrán ser OFERENTES tanto las personas humanas como jurídicas, que en forma individual o conjunta reúnan las condiciones que se exigen y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en el presente. (...) ARTÍCULO 18°. CONTENIDO DE LA OFERTA Los oferentes deberán incluir la siguiente documentación en sus ofertas: (...) 18.4. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia (PROTDF). La documentación del proveedor, obrante en los Antecedentes Legales de dicho Registro, deberá encontrarse debidamente actualizada al momento de la presentación de la oferta; o en su defecto, al momento de realizarse la Preadjudicación. En caso de tratarse de una empresa no inscripta en dicho Registro, deberá tramitar la inscripción previamente a la apertura de sobres o en su defecto, al momento de realizarse la preadjudicación. ARTÍCULO 19°. CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA Constituirán causales de rechazo de la oferta sin más trámite: (...)19.1. Aquellas presentadas por personas incursas en los impedimentos establecidos en el Punto 15. del presente Pliego y que no se encuentre alcanza por las excepciones contempladas en el Decreto Provincial N° 674/11.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, en el marco del Control Posterior regulado por la Resolución Plenaria N.º 122/2018, detectó incumplimientos sustanciales en la contratación directa para la locación de un inmueble destinado a la Secretaría de Comercio en Río Grande, consistentes en la adjudicación retroactiva aprobada por Decreto Provincial N.º 1878/2022, lo que vulnera el artículo 108 inciso e) de la Ley Provincial N.º 141, que solo admite efectos retroactivos en actos administrativos cuando favorezcan al particular sin lesionar derechos adquiridos. Asimismo, se verificó un apartamiento del procedimiento de selección previsto en la Ley Provincial N.º 1015 (artículos 14 y subsiguientes), dado que durante siete períodos iniciales se efectuaron pagos sin instrumento jurídico válido, situación que debió encuadrarse bajo la figura del “legítimo abono”, con las consecuencias del art. 11 de la Ley provincial N° 1015, desestimándose el encuadre legal efectuado en los términos del artículo 108 inciso e) de la Ley provincial N° 141, y sin perjuicio que la ulterior contratación vinculada a la renovación de la locación del inmueble se encuadró en el artículo 18 inciso e). Finalmente, si bien no se presume en el caso perjuicio fiscal, se recomendó a las autoridades competentes cumplimentar en futuras contrataciones con los recaudos temporales y normativos previstos.

Resolución Plenaria N.º 014/2024 del Tribunal de Cuentas: se había convocado la Licitación Pública N.º 04/2023 para contratar un servicio de medicina laboral, pero finalmente el Cuerpo Plenario decidió dejarla sin efecto por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”. El fundamento se apoyó en la normativa vigente, en las cláusulas del pliego aceptadas por los oferentes y en doctrina administrativa y jurisprudencia que confirman que antes de la adjudicación definitiva la Administración conserva un margen de discrecionalidad para desistir. La resolución, además, previó la devolución de garantías, cumpliendo con la consecuencia típica de esta facultad: no se genera obligación indemnizatoria, más allá de restituir lo aportado como garantía

La Resolución del Tribunal de Cuentas comparte y aprueba los términos del Informe Legal N° 129/2018 Letra: T.C.P.-S.L., en el que se trata la consulta por asesoramiento formulada por la D.P.O.S.S. en los términos del art. 2° inciso i) de la Ley prov. N° 50, cuya procedimiento se encuentra reglamentado a través de la Res. Pl. N° 124/2016. En la misma se consulta sobre la adquisición por permuta por parte de ese Organismo del inmueble lindero a la planta de tratamiento de efluentes del arroyo Grande a la firma Newsan S.A., precisando que la misma debe ajustarse estrictamente al régimen de la Ley Provincial N.º 1015, que en su artículo 63 no contempla la permuta de bienes inmuebles, pues solo la admite respecto de bienes muebles o semovientes, lo que impide encuadrar la operación bajo esa figura jurídica. Asimismo, se enfatiza que toda disposición de inmuebles provinciales —sea por venta o por cualquier mecanismo que implique transferencia del dominio— exige autorización legislativa previa, conforme lo dispone el artículo 65, requisito indispensable para habilitar la continuidad del procedimiento propuesto por la DPOSS. En ese marco, también se aclara que la alternativa de instrumentar la operación como una compraventa simultánea entre las mismas partes resulta jurídicamente improcedente, dado que la Ley 1015 exige la existencia de un precio en dinero como elemento esencial del contrato, de conformidad con el régimen general aplicable y con el propio diseño del sistema provincial de contrataciones, lo que obliga a considerar alternativas normativas como una ley especial que autorice la permuta o la modificación del artículo 63 para habilitar su uso en supuestos de conveniencia pública acreditada.

La Resolución Plenaria Nº 009/2023 del Tribunal de Cuentas analiza la actualización del Jurisdiccional de Compras previsto en la Ley Provincial Nº 1015 y concluye que la propuesta de introducir el módulo como unidad de medida para determinar los límites de los procedimientos de contratación resulta jurídicamente válida y eficiente, siempre que su actualización futura se rija por criterios objetivos, recomendando usar como parámetro la variación del IPC-TDF o, subsidiariamente, los índices del INDEC o del IPC-BA; además, precisa la necesidad de definir con claridad las competencias de los funcionarios que intervienen en cada etapa del procedimiento conforme al artículo 32 de la Ley 1015, garantizar el control cruzado de jerarquías —especialmente en el ámbito hospitalario—, distinguir adecuadamente los procedimientos de licitación pública, privada y concurso, y asegurar la coherencia normativa entre anexos y autoridades intervinientes, todo ello con el fin de fortalecer la legalidad, la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica del sistema de contrataciones públicas.