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Oficina Nacional De Contrataciones
DICTAMEN ONC N° 30/2016 - ART. 32 - INC. F) - DETERMINACIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO.
"(...) I) Frente a un cambio –o agotamiento– del interés público tenido en miras a la hora de
llamar a licitación para contratar determinados bienes o servicios, la Administración se
encuentra facultada para dejar sin efecto un procedimiento de selección sin lugar a
indemnización alguna, en la medida en que haga uso de dicha prerrogativa en cualquier
momento anterior a la notificación de la/s orden/es de compra.
II) Desde otro vértice, vale decir –en cuanto a la posibilidad de dejar sin efecto un solo
renglón–, que el derecho reconoce principios generales que informan el ordenamiento jurídico
y con base en los cuales debe ser éste interpretado y aplicado por el operador jurídico. Conforme
a uno de esos principios, la atribución de un poder jurídico o potestad a la Administración no
DEJAR SIN EFECTO PROCEDIMIENTO/RENGLÓN.
implica necesariamente para ésta una obligación o deber de ejercicio in totum, sino que resulta
razonable interpretar que se encuentra habilitada para ejercer dicha potestad “parcialmente”.
III) Dicho principio se conoce bajo el apotegma jurídico “qui potest plus, potest minus”,
–quien puede lo más, puede lo menos– y consiste en tener por ordenado o permitido de manera
implícita, que se haga algo menor –de rango inferior– de lo que está ordenado o permitido
expresamente por la ley, y parte de la idea de la norma atributiva de competencia como un
límite externo al ejercicio de la misma.
IV) En consecuencia, en tanto un organismo licitante se encuentra habilitado
normativamente a dejar sin efecto un procedimiento completo, en virtud del principio jurídico
de “quien puede lo más puede lo menos” también se encuentra investido de la facultad de dejar
sin efecto un solo renglón.
V) Si la determinación de dejar sin efecto un procedimiento debe realizarse,
necesariamente, mediante el dictado de un acto administrativo que satisfaga los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
forzoso es colegir que dicho acto deberá encontrarse adecuadamente motivado; es decir,
deberán fundarse las razones por las cuales se adopta el aludido temperamento, más allá de
que el artículo 20 del Decreto Delegado Nº 1023/01 no lo exija expresamente.
VI) Si con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, el ordenamiento jurídico
vigente faculta a la Administración a dejar sin efecto un procedimiento de selección en su
totalidad sin tener la obligación de indemnizar a eventuales interesados u oferentes, va de suyo
que, sujeta a los mismos requisitos, se encuentra implícita la competencia para dejar sin efecto
uno o solo algunos de los renglones que pudieren integrar el objeto contractual. Ello así, por
aplicación del viejo axioma del derecho: “qui potest plus, potest minus” (quien puede lo más
puede lo menos).
VII) En principio nada obsta a que, en oportunidad de emitir el acto administrativo de
adjudicación de diversos renglones, la jurisdicción contratante disponga dejar sin efecto el
llamado a licitación respecto a un determinado renglón –en este caso, el Renglón Nº 5, integrado
por CUATRO MIL OCHOCIENTOS (4.800) envases de alcohol en gel–, no obstante lo cual, dicha
decisión deberá encontrarse debidamente motivada en los considerandos del referido acto.
VIII) El acto administrativo mediante el cual se deje sin efecto todo un procedimiento de
selección o un renglón o renglones del mismo deberá satisfacer –independientemente de los
requisitos que impone la normativa de contrataciones– los requisitos previstos los artículos 7° y
8° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
IX) Ergo, ha de obedecer necesariamente a una determinada causa de hecho y de
derecho y contar con motivación suficiente que la explicite. De lo contrario, la determinación de
dejar sin efecto el procedimiento sería nula, de nulidad absoluta en los términos del artículo 14
de la Ley Nº 19.549.
X) En lo atinente a la motivación de la medida propiciada en este caso concreto, el
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL sustenta la falta de necesidad de adquirir los bienes
integrantes del Renglón Nº 5 de la Licitación Pública Nº 52/14, en el hecho de haberlos adquirido
mediante contratación directa durante el año 2015. En relación a esto último, esta Oficina
Nacional no cuenta con la información completa y necesaria a los fines de opinar sobre la
legitimidad de dicho accionar, sin perjuicio de lo cual, el mero análisis de las fechas mencionadas
permitiría inferir que la contratación directa habría tenido lugar, por razones de urgencia, con
posterioridad al llamado a licitación. De ser así, estaríamos frente a una circunstancia
sobreviniente, que –como ya se ha dicho– deberá encontrarse debidamente fundada en el acto
administrativo correspondiente".
Resoluciones OPC Provincial y/o De La Contaduría General
La Resolución O.P.C. Nº 24/2025 aclara el alcance de las excepciones a la inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia (PROTDF), previstas en el artículo 34 del Decreto N° 674/2011 y su modificatorio N° 788/2013, armonizándolas con la Ley Provincial N° 1015. Establece que dichas excepciones aplican únicamente a contrataciones específicas contempladas en los incisos (b, c, d, e, h, j y m) del artículo 18 de la Ley 1015, y agrega como excepción la compra de bienes en remate público (art. 19 inc. c). La norma reafirma la vigencia ultraactiva del decreto reglamentario en tanto no contradiga la ley, procurando mantener la inscripción en el PROTDF para garantizar transparencia y regularidad en las contrataciones.
Oficina Nacional De Contrataciones
DICTAMEN ONC N° IF-2017-35757379-APN-OC#MM - ART. 32 - INC. E) - ORDEN DE COMPRA - ACUERDO MARCO.
I) En el cuadro anexo al artículo 9° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16
se detallan las competencias de los funcionarios según los montos de las contrataciones, y de
acuerdo a si se trata de licitaciones o concursos y subastas o compulsas abreviadas y
adjudicaciones simples, determinando las autoridades competentes de acuerdo al tipo de acto
administrativo que deba suscribirse.
II) Las competencias de los funcionarios intervinientes en los procedimientos de
contrataciones se encuentran determinadas a partir de la conjunción del tipo de procedimiento
de selección de que se trate (Licitación y Concurso Público o Privado/Subasta Pública; Compulsa
abreviada y adjudicación simple) y de la cantidad de módulos (M) involucrados, estableciéndose
distintas autoridades para la suscripción de los actos administrativos correspondientes a las
diferentes etapas (autorizar la convocatoria y elección del procedimiento; aprobar los pliegos y
preselección en etapa múltiple; dejar sin efecto; declarar desierto; aprobar el procedimiento;
adjudicar; declarar fracasado).
III) Se detallan como autoridades competentes, según los parámetros previamente
enunciados, al titular de la Unidad Operativa de Contrataciones; Director Simple o funcionario
de nivel equivalente; Director Nacional, Director General o funcionario de nivel equivalente,
Subsecretario o funcionario de nivel equivalente; Secretarios de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Secretarios Ministeriales o funcionarios de
nivel equivalente; Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministro, Secretario General
de la Presidencia de la Nación, máximas autoridades de los organismos descentralizados y Jefe
de Gabinete de Ministros.
IV) En lo que respecta puntualmente a la orden de compra –entendida como el acto que,
una vez notificado perfecciona el acuerdo de voluntades dando lugar al contrato–, la normativa
vigente prevé que deberá ser “emitida” por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y
“autorizada” por el funcionario competente que hubiere aprobado el procedimiento de
selección de que se trate o por aquél en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad.
En efecto, la reglamentación aplicable diferencia la facultad de emitir la orden de compra, de la
competencia para autorizarla; distinción que –a criterio de esta Oficina Nacional– debe ser
interpretada con el siguiente alcance: “emitir” es asimilable a la actividad operativa –
usualmente a través de medios electrónicos– de generación del documento “orden de compra”
por parte de la UOC mediante la utilización de un determinado sistema (v.g. SLU, COMPR.AR,
etc.), mientras que la denominada “autorización” hace referencia a su firma por parte de la
autoridad competente o por el funcionario en quien la autoridad competente haya delegado
dicha facultad.
V) En materia de asignación de competencias, el previamente transcripto artículo 9
Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 establece que en los procedimientos de
selección que se realicen por la modalidad acuerdo marco, el titular de la OFICINA NACIONAL
DE CONTRATACIONES será competente –entre otras cuestiones– para autorizar la convocatoria,
elegir el procedimiento de selección y aprobar el pliego de bases y condiciones particulares;
mientras que quedan reservadas al señor Ministro de Modernización las competencias para
aprobar el procedimiento y adjudicar o, en su caso, declarar fracasado el llamado.
VI) Así las cosas, el primer interrogante planteado gira en torno a cómo determinar en
cada caso, la autoridad competente para autorizar órdenes de compra en procedimientos de
selección sustanciados bajo la modalidad “Acuerdo Marco”. Al respecto, artículo 128 del Manual
de Procedimiento habla de autoridad competente para “emitir” la orden de compra, remitiendo
–a renglón seguido– a la escala prevista para aprobar procedimientos y adjudicar, en el Anexo
al artículo 9 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
VII) Sin embargo, una lectura atenta de los Considerandos de la Disposición ONC Nº
47/17 –a través de la cual se introdujeron modificaciones en el Manual de Procedimiento en
relación a este tema, que culminaron con la redacción actual del mentado artículo 128– permite
advertir que allí se menciona la necesidad de determinar las competencias para suscribir las
órdenes de compra. Más precisamente, el décimo Considerando reza: “…asimismo resulta
necesario dejar expresamente sentado (…) cuál es la autoridad competente para suscribir la
orden de compra en los procedimientos de selección que se lleven a cabo utilizando esta
modalidad…”.
VIII) Una razonable exégesis de las normas en juego permite colegir, tal como se indicara
más arriba, que la emisión de la orden de compra se vincula con la tarea operativa de creación
o generación del documento por parte de la UOC, mientras que la denominada “autorización”
hace referencia a su firma o suscripción por parte de la autoridad competente o por el
funcionario en quien la autoridad competente haya delegado dicha facultad. Desde esa óptica,
cuando una jurisdicción o entidad contrata a través de un acuerdo marco, debe interpretarse
que la autoridad competente para suscribir/autorizar la orden de compra –previamente
generada por la UOC– será aquella que, en un procedimiento ordinario sin esta particular
modalidad, hubiese sido competente para aprobar lo actuado y adjudicar, de conformidad con
la escala prevista en el Anexo al artículo 9 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16,
o aquél funcionario en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad.
IX) Resulta oportuno aclarar, entonces, que en estos casos no interviene el Ministro de
Modernización, salvo cuando así corresponda en razón de adquisiciones llevadas a cabo por la
propia cartera ministerial a su cargo. Va de suyo que concluir lo contrario implicaría un dispendio
administrativo irrazonable, en franca contradicción con los objetivos que se persiguen mediante
el uso de esta modalidad contractual, en tanto la riqueza del mecanismo del acuerdo marco son
las compras ágiles.
X) En sentido concordante, esta Oficina Nacional ha sostenido que la autoridad que en
el procedimiento llevado a cabo bajo la modalidad Acuerdo Marco hubiere suscripto la orden
de compra será la autoridad competente para rescindir la misma (v. IF-2017-29520504-APNONC#MM).
XI) Finalmente, en cuanto a la segunda consulta, si bien el artículo 128 del Manual de
Procedimiento, modificado por la Disposición ONC Nº 47/17, exige la fundamentación de la
elección del proveedor con quien la autoridad jurisdiccional pretenda perfeccionar el contrato
–en los casos en que se lleven adelante acuerdos marco con varios proveedores para un mismo
bien o servicio–, de ello no se desprende que dicha fundamentación deba necesariamente tener
lugar a través del dictado de un acto administrativo. Por el contrario, en opinión de esta Oficina
Nacional resulta suficiente la emisión de un informe, en tanto sea preciso, razonable y no
adolezca de arbitrariedad aparente.
XII) Nada obsta a la emisión de un acto administrativo, más no se trata de un requisito
impuesto por la normativa vigente, resultando suficiente con la emisión de un informe que de
cuentas de los motivos de la elección y, por supuesto, de la orden de compra respectiva.
XIII) En las contrataciones bajo la modalidad “Acuerdo Marco”, la autoridad competente
para suscribir/autorizar la orden de compra –previamente generada por la UOC– será aquella
que, en un procedimiento ordinario, hubiese sido competente para aprobar lo actuado y
adjudicar, de conformidad con la escala prevista en el Anexo al artículo 9 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16, o aquél funcionario en quien se hubiese delegado
expresamente tal facultad, sin que para ello deba tomar intervención el Ministro de
Modernización.
XIV) De acuerdo con lo previsto en el artículo 128 del Manual de Procedimiento
aprobado por Disposición ONC Nº 62/16 y modificado por su similar Nº 47/17, no resulta
necesario el dictado de un acto administrativo, siendo suficiente con la emisión de un informe
que de cuentas de los motivos de la elección del proveedor con quien la autoridad jurisdiccional
pretenda perfeccionar el contrato –en los casos en que se lleven adelante acuerdos marco con
varios proveedores para un mismo bien o servicio– y, por supuesto, la suscripción de la orden
de compra respectiva por la autoridad competente.
Art. 14 — Regla General
Art. 14 — inc. a)
Art. 14 — inc. b)
Art. 14 — inc. c)
Art. 14 — Procedimiento
Convenciones Internacionales y Normativa Relacionada
Capítulo II Medidas preventivas
Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Artículo 9. Contratación pública y gestión de la hacienda pública
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas; b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación; c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos; d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo; e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación. 2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas: a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional; b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos; c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente; d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.
Art. 1 º — Ámbito de Aplicación
Art. 1 º — inc. a)
Art. 1 º — inc. b)
Art. 1 º — inc. c)
Art. 1 º — inc. d)
Art. 1 º — inc. e)
Art. 1 º — inc. f)
Art. 1 º — Contexto
Normativa Nacional Relacionada
ARTICULO 8º — Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a
tal efecto está integrado por:
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.
b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las
Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en
la formación de las decisiones societarias.
c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización
estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado
nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas
entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas
a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.
(Artículo sustituido por art. 8 de la Ley N° 25.827 B.O. 22/12/2003)
Reglamentación: ARTICULO 8º — Se consideran incluidos en la Administración Central el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, el PODER LEGISLATIVO y el PODER JUDICIAL, así como el MINISTERIO PUBLICO. Para el
funcionamiento de sus sistemas de administración financiera y de control, las Universidades Nacionales, en
virtud de su carácter de Organismos Descentralizados, están encuadradas en las disposiciones de la ley y de este reglamento,
independientemente del tratamiento presupuestario que reciban los aportes que les otorgue el Tesoro Nacional.
Oficina Nacional De Contrataciones
El Dictamen ONC N.º 59/2013 analiza la prohibición de desdoblamiento de contrataciones prevista en el Decreto N.º 893/2012 y concluye que dicha prohibición no impide fraccionar procedimientos de contratación en forma absoluta, sino únicamente cuando el fraccionamiento tenga por finalidad eludir los montos establecidos para los procedimientos de selección o los controles y competencias de las autoridades intervinientes. Asimismo, señala que la presunción de desdoblamiento solo se configura cuando, dentro de un plazo de tres meses, se realizan varias convocatorias para bienes o servicios de renglones afines y sin razones previamente documentadas que justifiquen el fraccionamiento. El dictamen destaca que la afinidad de los renglones debe evaluarse según la actividad comercial de los proveedores y la pertenencia de los bienes o servicios a un mismo grupo, admitiendo que, por su especialidad técnica o comercial, determinados bienes puedan integrar grupos distintos, lo que excluiría la configuración del desdoblamiento prohibido.
Dictámenes De La Procuración Del Tesoro De La Nación
Resumen del Dictamen
El Dictamen 269 se refiere al proceso de renegociación contractual de la licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas natural otorgada a GAS NEA S.A.. En este proceso se analiza un proyecto de Acta Acuerdo (que incluye la Cláusula Vigésima Novena).
En este contexto, la Procuración del Tesoro analiza la adecuación del contrato de licencia en el marco de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias. También se menciona el análisis de cuestiones técnico-económicas surgidas de la negociación.
Vínculo con el Artículo 45
La conexión con el artículo 45 radica en que la cláusula contractual examinada en el Dictamen establece una renuncia expresa y total a la compensación por parte del concesionario (LICENCIATARIO) en ciertos escenarios de extinción o rescisión del contrato.
La Cláusula Décimo Novena, en su punto 3.18.3.2 del Acta Acuerdo (mencionada dentro de la estructura del dictamen), establece que, en el supuesto de rescisión del contrato de licencia, el licenciatario no tendrá derecho a reclamar reparación, indemnización ni compensación alguna por parte del Otorgante. Además, todos los gastos y costos que deba asumir el licenciatario en tal supuesto deberán ser afrontados a entero costo por él mismo, y en ningún caso podrán trasladarse en modo alguno a los usuarios del servicio.
Esta disposición legalmente respaldada de la esfera federal (Dictamen PTN 269:308) es jurídicamente similar al espíritu del artículo 45 de la Ley 1015, ya que en ambos casos:
1. Se niega el derecho a compensación: El artículo 45 establece que las mejoras no darán lugar a compensación alguna. El Dictamen, al analizar el Acta Acuerdo, valida que el licenciatario renuncie al derecho a reclamar "reparación, indemnización ni compensación" ante la rescisión.
2. El costo o pérdida es asumido por el concesionario: El artículo 45 obliga al concesionario a introducir las mejoras asumiendo que pasarán al Estado. La cláusula analizada en el Dictamen obliga al licenciatario a afrontar a "entero costo" cualquier gasto derivado de la rescisión, manteniendo indemne al Estado Nacional.
Dictámenes De La Procuración Del Tesoro De La Nación
Este dictamen analiza el recurso de alzada interpuesto por Aguas Argentinas S.A. contra una sanción de multa impuesta por el Ente Regulador (ETOSS) debido a la escasa presión en el suministro de agua, constituyendo una reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones del servicio. La PTN ratifica que la concesionaria asume la Concesión a su propio riesgo técnico, económico y financiero y es responsable ante el Estado y terceros por las obligaciones. Se establece que la concesionaria incumplió con la obligación de brindar niveles de servicio apropiados, y que las deficiencias alegadas en los bienes del Estado no pueden justificar su incumplimiento.
Vínculo con el artículo 46:
El dictamen se vincula con el artículo 46, especialmente con el inciso a) (cumplir estrictamente las disposiciones legales aplicables) y el inciso i) (satisfacer las multas por infracciones). La cuestión central es el incumplimiento de las obligaciones contractuales y regulatorias (calidad y continuidad del servicio) y la consecuente aplicación de penalidades. Se destaca que la empresa debe prestar obligatoriamente el servicio en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad y calidad, siendo el incumplimiento de estas obligaciones la causa directa de la sanción administrativa analizada.
CNACAF. SALA II "MAYOL INÉS A. C/ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR"
(Considerando IX) La relación de empleo público está sujeta a una normativa específica, diferente a la ley de contrato de trabajo que expresamente excluye de su ámbito de aplicación a los empleados públicos. - Para la procedencia de la indemnización se requiere acreditar la existencia real de los daños alegados. Quien la reclama y pretende hacer valer la responsabilidad del deudor tiene la carga de la prueba. - El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y debe adicionarse a los honorarios. - Para que la expresión de agravios sea procedente el litigante debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión, y señalar cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica.
“NATURALEZA JURIDICA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS PÚBLICOS”. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. T. III. MARIENHOFF, Miguel S. EDITORIAL ABELEDO PERROT. 1974. PÁGS. 97 Y SS.
Naturaleza juridica de Contratos de empréstitos públicos. Autor: MARIENHOFF, Miguel S. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1974, ps. 97 y ss.
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